Tribunal boliviano anula decisión del gobierno de terminar año escolar

Un tribunal boliviano anuló la decisión del gobierno de terminar de manera anticipada el año escolar por la pandemia, lo que generó este jueves protestas del ejecutivo y confusiones entre maestros y padres de familia.

«La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de La Paz, constituida en Tribunal de Garantías ordenó (el miércoles) dejar sin efecto la Resolución (del Ministerio de Educación) que dispuso la clausura del año escolar», informó la Defensoría del Pueblo (ombudsman) en un comunicado.

La principal razón del tribunal fue que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la educación, dijo la Defensoría, que acompañó una demanda interpuesta por un padre de familia y una diputada opositora para anular la decisión del gobierno.

El Ministerio de Educación decidió a principios de agosto terminar anticipadamente el año escolar, arguyendo que las áreas rurales de Bolivia carecían de acceso adecuado a internet para un apropiado uso de la educación virtual.

Las clases había sido suspendidas en marzo, poco después de haber comenzado el año escolar, al registrarse los primeros casos de coronavirus en el país, que a la fecha contagió a más de 105.000 personas y dejó más de 4.200 fallecidos.

El Ministerio de Educación reaccionó diciendo en un comunicado que el fallo del tribunal tiene «contradicciones, ambigüedades y poca claridad».

Además, afirmó que la decisión fue política y acusó al juez principal del tribunal de haber tenido vínculos con el gobierno del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019).

El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, dijo por su parte que el poder ejecutivo no permitirá el retorno a clases por la pandemia.

«Yo le pregunto a usted: ¿mandaría a sus hijos a clases presenciales? Yo prefiero que se quede ignorante mi hijo en la casa a que se vaya a contagiar» del virus, declaró a un periodista de televisión.

Los padres de alumnos de escuelas privadas han expresado su preocupación de que se les quiera obligar a pagar las mensualidades el tiempo que no hubo clases. Esto no lo aceptarán, según su representante Israel Quino.

El año escolar en Bolivia va de febrero a noviembre.

Por su lado, el dirigente del sindicato de profesores Leandro Mamani afirmó que el fallo es el resultado «de una pelea de politiqueros».

El fallo obliga al gobierno a presentar en un plazo de 10 días una propuesta para garantizar el acceso de todos los niños bolivianos a la educación.

jac/fj/lp

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