Reforma judicial: previo al debate en el Senado, los gobernadores piden crear más tribunales

El «anzuelo» del Gobierno para sumar apoyo de las provincias para avanzar con la reforma judicial pasa por la generación de tribunales de alzada en el interior. En el dictamen se establecieron la creación de siete juzgados de segunda instancia, previo a la votación en el Senado prevista para el próximo jueves. Pero los gobernadores reclaman más tribunales.

El planteo de los jefes provinciales pasa porque los tribunales de alzada en algunos territorios están en otras provincias. Se trata de los casos de los juzgados federales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, San Juan, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa y San Luis.

La semana pasada antes de que se firmara el dictamen en el plenario de comisiones del Senado el legislador puntano Adolfo Rodríguez Saá hizo este planteo y logró incluirlo en el dictamen. El cuestionamiento fue que la Cámara federal de Mendoza es el tribunal de segunda instancia de San Luis.

Hasta el momento el proyecto dispone la apertura de cámaras de apelaciones en Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, San Juan, San Luis y Jujuy, donde no existen este tipo de tribunales. Podría haber más cambios en la iniciativa ya que La Pampa también pide la creación de un juzgado de segunda instancia y habría además reclamos de otras provincias, consigna Clarín.

Uno de los cambios que se incluyeron a último momento en el dictamen fue la polémica en uno de los artículos del proyecto, que incorpora a los medios de comunicación entre los supuestos poderes que pueden ejercer presión sobre los jueces y que deben ser denunciados. Fue impulsado por el senador oficialista Oscar Parrilli, que suele ser vocero de los planes de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El presidente Alberto Fernández relativizó el cambio, que calificó de «agregado casi ocioso».

El dictamen incluyó un nuevo inciso al artículo 72 del proyecto. Se trata del inciso E, que en su versión original era el artículo 70, que obliga a «comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo». A esta lista de grupos de poder el dictamen le incluyó la palabra «mediáticos».

El panorama en Diputados

El oficialismo necesita asegurarse el mayor respaldo posible para avanzar con el proyecto. Aunque se prevé que la iniciativa tendrá media sanción en el Senado el panorama es adverso para el oficialismo en Diputados. En la cámara baja los bloques de Juntos por el Cambio, Consenso Federal (Roberto Lavagna) y Córdoba Federal (Juan Schiaretti) adelantaron su rechazo a la iniciativa.

La bancada que dirige Máximo Kirchner tiene 119 integrantes y necesita el respaldo de otros diez para lograr quorum y habilitar el debate en la Cámara baja. Mientras que el principal interbloque de la oposición Juntos por el Cambio, que rechaza el proyecto, tiene 116 legisladores.

Se suma la negativa del bloque de Consenso Federal, que responde a Lavagna y tiene tres legisladores sobre once del Interbloque Federal. Integran además este grupo cuatro diputados de Córdoba Federal, que responden a Schiaretti y que tampoco avalarán la propuesta del oficialismo. El Frente de Todos deberá obtener respaldo entre los legisladores restantes para sancionar la ley.

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