Los términos legales, la otra disputa en la negociación de la deuda argentina

En la imagen, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

En la imagen, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 25 jun (EFE).- No todo es cuestión de dinero en la compleja negociación de la deuda argentina: los «términos legales» exigidos por algunos acreedores y que el Gobierno ha rechazado comenzaron a ganar peso en las arduas conversaciones para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.238 millones de dólares.
Argentina lanzó formalmente hace dos meses una oferta de canje, masivamente rechazada por los acreedores, tras lo cual entabló un diálogo con los principales tenedores de bonos, que incluyó el intercambio de propuestas.
Ese proceso permitió acortar sustancialmente las diferencias de valor entre lo que Argentina está dispuesta a pagar y lo que pretenden los grandes grupos de acreedores, liderados por poderosos fondos de inversión.
Mientras que la oferta inicial argentina estaba valorada en 40 dólares por cada 100 dólares de deuda a reestructurar y los acreedores exigían unos 60 dólares, ahora la brecha se ha reducido a unos 8 dólares.
Por eso, viendo el acercamiento de las propuestas, sorprendió cuando la semana pasada las partes intercambiaron acusaciones mutuas sobre la marcha de las negociaciones y Argentina decidió extender hasta el 24 de julio el plazo de adhesión a su oferta inicial.
COBERTURA LEGAL
¿Qué hizo que las conversaciones se tensaran cuando todo parecía encaminado a un acuerdo en breve?
Los expertos apuntan, más allá de los detalles financieros, a los «términos legales» de los nuevos bonos a emitir para el canje, particularmente a las cláusulas que protegen a los acreedores en caso de un incumplimiento de pago.
Estas exigencias legales fueron planteadas por el grupo de acreedores Ad Hoc, el de más dura posición en el proceso y liderado, entre otros, por el fondo BlackRock.
Este conjunto de acreedores, que posee el mayor porcentaje de títulos, negocia en forma coordinada con el Grupo de Tenedores de Bonos de Canje.
«Evidentemente los montos, los plazos y la tasa de interés ya están casi resueltos. El tema es que los acreedores apretaron demasiado para que Argentina se comprometa a pagar más de lo que es sustentable y ahora se dan cuenta de que va a ser un poco difícil cumplir», dijo a Efe el economista Pablo Tigani, director de la consultora Hacer.
Para el experto, los acreedores no solo «se están anticipando a un próximo default y quieren asegurarse con todo lo que tenga que ver con lo legal para poder ejecutar en caso de que sea necesario», sino que además pretenden sentar precedente mediante el caso argentino ante la eventualidad de reestructuraciones de otros países con problemas de deuda.
RECHAZO ARGENTINO
Este martes, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, quien lidera las negociaciones, dijo que su país «espera un mejor entendimiento con los acreedores», pero advirtió que «los términos legales que propuso el grupo Ad Hoc son imposibles de cumplir».
Los términos contractuales reclamados son varios, pero los más polémicos se centran en la exigencia de que todos los nuevos bonos tengan las mismas cláusulas que los títulos argentinos emanados de los canjes de 2005 y 2010 -y que garantizan un amplio nivel de protección a los acreedores en caso de un cese de pagos-, la posibilidad de que ciertos activos públicos puedan ser embargados en caso de litigio y mayores intereses en caso de un impago.
«Con la reanudación de las negociaciones con los acreedores surgen mayores tironeos respecto a los términos legales, lo cual amplía las complicaciones para llegar a un acuerdo ya que no sólo las divergencias están en la oferta financiera», observó el economista Gustavo Ber.
Analistas de mercado creen que las diferencias no son insalvables, pero hay expertos que sostienen que los términos legales exigidos por una porción considerable de los acreedores difícilmente sean aceptados por el Gobierno de Alberto Fernández.
«Si en algún momento se produce un default, no van a querer ni Fernández ni nadie aceptar que el Gobierno firmó cualquier cosa. Con lo cual, la negociación sí se podría empantanar si Argentina se planta y dice que esa parte legal no la va a aceptar», comentó Tigani.
Natalia Kidd

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