Ley de economía del conocimiento y regulación de teletrabajo: una contradicción insalvable

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que modifica el régimen de promoción de la economía del conocimiento previsto por la ley 27.506 en lo que constituye una política de Estado -algo poco habitual en nuestra historia reciente- en el marco del derecho al desarrollo científico y tecnológico.

La economía del conocimiento constituye el “cerebro y el corazón” de la cuarta revolución industrial, en razón de lo cual el Estado argentino establece un régimen que tiene como objetivo impulsar las actividades económicas que creen, diseñen, desarrollan, produzcan, implementen o adapten el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyados en el avance de la ciencia y la tecnología a efectos de la obtención de bienes, la prestación de servicios y la mejora de procesos.

Muchas de las actividades incluidas en el régimen promocional impactan en la constitución biológica y subjetiva del ser humano y proyectan desafíos transhumanistas que debido al COVID-19 han acelerado sus tiempos de irrupción. Software, servicios informáticos y digitales, biotecnología, nanotecnología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales, inteligencia artificial, robótica e internet industrial, internet de las cosas, sensores, manufactura aditiva, realidad aumentada y virtual se entrelazan permanentemente en la construcción de un mundo digital donde las variables habitadas en la era analógica entran en crisis o son definitivamente superadas.

El régimen promocional apuesta al desarrollo científico y tecnológico en términos de disfrute colectivo. Por dicho motivo, exige altos porcentajes de facturación (70%) vinculado a las actividades promovidas, un desarrollo fehaciente de las mismas, la acreditación de avances concretos, la capacitación de empleados y destinatarios, la investigación y desarrollo, y, a la vez, excluye el autodesarrollo para propio uso o para empresas vinculadas del porcentaje exigido de la facturación como condición de admisión.

Los beneficios emergentes son un “combo” que incluye un bono de crédito fiscal transferible por única vez del 70% de los aportes de las contribuciones patronales efectivamente pagadas, un nuevo bono respecto de posteriores incorporaciones laborales, la reducción del 60 % en el monto total del impuesto a las ganancias en cada ejercicio, la eximición de percepciones y retenciones del IVA para los exportadores y la deducción del impuesto a las ganancias de los gravámenes análogos pagados o retenidos en el exterior.

Un aspecto relevante en términos de tecnología, derecho e inclusión social es que el porcentaje del beneficio de los aportes por contribuciones patronales aumenta diez puntos -pasando del 70 % al 80%- cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales respecto de personas integrantes de grupos vulnerables o históricamente sometidos a situaciones de desigualdad estructural tales como mujeres, personas travestis, transexuales y transgénero hayan o no rectificado sus datos registrales de conformidad con lo establecido por la ley de identidad de género, personas con discapacidad y personas que, previo a su contratación, hubieran sido beneficiarias de planes sociales.

La ley crea un Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) con el objeto de impulsar el desarrollo científico y tecnológico financiando las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector y los nuevos emprendimientos que se generen dentro del ámbito de la economía del conocimiento. También incorpora un Consejo Consultivo de expertos en ciencia, tecnología e innovación que cumplirá la función de asesorar a la autoridad de aplicación en los casos de compleja tipificación y de revalidación registral bianual complejos.

En la misma sesión la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de teletrabajo (aunque “trabajo digital” sería una denominación más adecuada) dentro de la necesaria protección al trabajo deparada por la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos. Dos aspectos centrales de este proyecto colisionan directamente con el desarrollo de las actividades de la economía del conocimiento que se promocionan. El primero es la voluntariedad del trabajador respecto del traslado del modo presencial a la forma digital: si no existe un consentimiento expreso y escrito el mismo no procede. El segundo es la reversibilidad mediante la cual el consentimiento prestado para migrar del modo presencial a la función digital puede ser revocado por el trabajador en cualquier momento de la relación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedido o poder accionar judicialmente con el objeto de que se restablezcan las condiciones oportunamente modificadas.

Los distintos tipos de empresas que desarrollan actividades vinculadas con la economía del conocimiento han migrado totalmente a la digitalidad van a camino a hacerlo de forma definitiva o presentan modalidades mixtas debido a su estructura económica y financiera, a la formas de trabajo utilizadas (más cercana al cumplimiento de objetivos que al cumplimiento de un horario determinado) y a la lógica misma de la actividad.

Promover la economía del conocimiento, y a la vez, imponerle una regulación del trabajo digital incompatible con aquello que como política de Estado se intenta garantizar, configura una contradicción insalvable que necesariamente debe ser revisada para que, en el marco de la cuarta revolución industrial, digitalidad y trabajo tengan una sincronía posible que maximice los consensuados objetivos propuestos.

El autor es doctor en Derecho (UBA) y escribió el libro Inteligencia artificial y derecho, Rubinzal-Culzoni, 2019)

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