Lázaro Báez pidió prisión domiciliaria sin pagar la caución

Lázaro Báez volvió a pedir la prisión domiciliaria y afirmó que no puede pagar la caución para que lo excarcelen, que fue reducida a $386 millones. El empresario hizo la presentación ante el Tribunal Oral Federal 4, que el miércoles recortó el monto original de la fianza de $633 millones por orden de la Cámara de Casación.

La defensa apeló nuevamente ante el Tribunal que juzga a Báez, integrado por Jorge Gorini, Néstor Costabel y Daniel Obligado. Los abogados sostuvieron que el empresario tiene todas sus propiedades embargadas y su dinero en el exterior inmovilizado por orden judicial y pidió que se le otorguen la prisión domiciliaria sin caución.

La decisión quedará en manos del TOF 4, que escuchó el alegato de los abogados de Báez, Elizabeth Gasaro y Juan Villanueva. Además le pedirán al Tribunal la absolución en la causa por lavado de dinero en la que se lo juzga junto a sus cuatro hijos, Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez.

El miércoles el tribunal a cargo del juicio por «La Ruta del Dinero K» hizo lugar a la reducción de los U$S5,5 millones de la caución real que pasó de $632,5 millones a $386,5 millones.

El empresario deberá entregar dinero o bienes para salir del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza donde está preso.

La prisión domiciliaria se la otorgaron en la causa conocida como «M&P», por presunto lavado de dinero. Ya fue excarcelado en la causa de «La Ruta del Dinero K» y obtuvo el arresto domiciliario en la investigación por la compra de un campo en Uruguay. Está detenido desde hace más de cuatro años, cuando la ley no permite más de tres.

El proceso judicial contra Lázaro Báez

El juicio por «La Ruta del Dinero K» está en su fase final. En los últimos días el fiscal Abel Córdoba consideró que Báez y sus hijos construyeron una «compleja ingeniería» para lavar U$S60 millones.

El fiscal solicitó 12 años de prisión para el empresario, nueve años para su hijo Martín, cinco años para su «exvalijero» Leonardo Fariña, el «arrepentido» del caso, y cuatro para Federico Elaskar, exdueño de SGI, más conocida como «La Rosadita», la cueva financiera en la que el empresario lavó dinero de la obra pública.

El dueño del Grupo Austral, que tuvo a Austral Construcciones como empresa insignia, ya había recibido tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel por parte de las tres querellas.

Al resto de los Báez, Melina, Luciana y Leandro (que están en libertad) el fiscal les otorgó un grado menor de responsabilidad. Por eso planteó penas de cuatro años, cuatro años y 6 meses y cinco años de cárcel, respectivamente.

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