La organización mundial de comunicaciones móviles aseguró que el DNU del Gobierno «va en detrimento de mayor conectividad para toda la sociedad»

La Asociación GSM, la mayor organización de telecomunicaciones a escala mundial, aseguró este domingo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) argentino que declaró «servicios públicos esenciales» a la telefonía celular, a Internet y a la televisión paga y congeló las tarifas hasta el 31 de diciembre, «va en detrimento de más conectividad para la sociedad».

A través de un comunicado, la entidad señaló que las «medidas que modifican las estructuras de precios en mercados, en competencia con una proporción significativa de insumos dolarizados, resultan regresivas en materia de inversión en infraestructura digital y nuevas tecnologías«.

En este sentido, aseguró que lejos de garantizar el acceso a todos los ciudadanos, las disposiciones «ponen en riesgo la calidad de los servicios para el consumidor y la ampliación de la conectividad«, lo que según ellos podría redundar en un aumento de la brecha digital.

GSMA destacó también que la «certidumbre jurídica y la previsibilidad a mediano y largo plazo» son ejes fundamentales para la industria de telecomunicaciones, ya que se trata de un sector que requiere de inversiones intensivas de capital todos los años, para garantizar su actualización tecnológica, niveles de calidad de servicio y la competitividad del país.

«La resiliencia con que las redes soportan el aumento sin precedentes en los volúmenes de tráfico y los cambios en los patrones de consumo es resultado de años de inversiones sostenidas en despliegue de infraestructura, espectro y capital humano calificado», afirman desde la entidad, en referencia al papel fundamental que tiene la tecnología para conectar a las personas en contexto de pandemia y aislamiento social.

Frente a esto, aseguran que las medidas dispuestas por el Gobierno «van en detrimento de la sostenibilidad de las inversiones, justamente cuando el escenario pospandemia nos desafía a construir sociedades y economías más resilientes a través de más y mejor conectividad».

Los representantes de esta organización le recordaron a las autoridades el compromiso de los operadores, desde la llegada del virus al país, para «apoyar la conectividad para los sectores más vulnerables, ofreciendo soluciones como opciones de pago flexibles, planes asequibles, el levantamiento de límites al consumo de datos y acceso sin cargo a servicios y sitios web específicos».

En este sentido, aseguraron que la industria «siempre estuvo a disposición de las autoridades en todas las mesas e instancias de dialogo propuestas».

Por este motivo, la GSMA llamó al diálogo entre todas las partes, previo a la implementación de estas nuevas regulaciones. «La necesidad de coordinación es aun más crucial en este momento de emergencia sanitaria, en el que la industria de telecomunicaciones trabajó desde el inicio para garantizar la continuidad de los servicios, velando por la seguridad de sus colaboradores y clientes, y acompañando todas las disposiciones oficiales, incluyendo el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre», remarcaron.

Finalmente, la asociación responsable de impulsar nuevas formas de conectividad y posibilitar la transformación digital en el mundo, se puso a disposición del Gobierno y lo «invitó» a reconsiderar el alcance de las medidas anunciadas.

En sintonía con el reclamo de GSMA, Maryleana Méndez, secretaria general de la a Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), integrada por más de 50 operadoras de telecomunicaciones en 20 países de América Latina, expresó su preocupación por la falta de consensos previos y aseguró: «El decreto sorprendió y generó muchísima incertidumbre en el mercado».

“Hay elementos técnicos y regulatorios que no están totalmente explicados en el decreto y necesitan mucho más detalle«, apuntó la secretaria.

El viernes, el presidente Alberto Fernández anunció a través de Twitter la decisión de declarar como «servicios públicos esenciales» a la telefonía celular, los servicios de Internet y la televisión paga con el objetivo de «garantizar el acceso a toda la población», aseguró el jefe de Estado. La medida se oficializó mediante el Decreto 690/2020, que fue publicado esa misma noche en el Boletín Oficial.

De esta manera, hasta fin de año las tarifas de esos servicios permanecerán congeladas. Para aplicar aumentos, las empresas deberán contar con autorización del Estado. A su vez, se pondrán en marcha «planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria» para los sectores más vulnerables.

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