La oposición impugnó la reunión de la bicameral que trata el DNU de telecomunicaciones

Los legisladores de Juntos por el Cambio que integran la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo impugnaron la convocatoria para tratar el DNU 690/2020. Se trata del decreto del presidente Alberto Fernández que declaró como «esenciales» a los servicios de telefonía celular y fija, Internet y televisión paga y congeló los aumentos de tarifas hasta fin de año.

Le presentaron una nota al titular de la comisión, el diputado Carlos Cleri, en la que plantearon que la convocatoria se hizo fuera del plazo de antelación previsto en el artículo 4° del reglamento de la comisión. El artículo determina que el llamado a la reunión debe hacerse 48 horas hábiles antes al desarrollo del encuentro.

Los legisladores del principal interbloque de la oposición criticaron además que la convocatoria se haya hecho bajo la modalidad de «teleconferencia con acceso a la VPN (red privada virtual) de la Cámara de Diputados». Recordaron que el protocolo acordado con la Cámara baja para las sesiones remotas, virtuales o telemáticas venció y que hasta el momento no se renovó.

Le pidieron a Cleri que deje sin efecto la convocatoria para acordar luego una fecha para la reunión, entre los representantes de los distintos bloques que integran la bicameral. Aclararon que deben respetarse las condiciones expuestas.

El escrito está firmado por los legisladores de Juntos por el Cambio Luis Petri, Pablo Tonelli, Silvia Giacoppo, Omar De Marchi, Gustavo Menna y Luis Naidenoff. Sostuvieron que aspiran a «volver al funcionamiento armónico y consensuado de la comisión».

La impugnación de Juntos por el Cambio a la convocatoria

Los alcances del decreto presidencial

Además de declarar como «servicios públicos esenciales» a la telefonía celular y fija a los servicios de Internet y a la TV paga, el decreto dispuso el congelamiento de los precios hasta el próximo 31 de diciembre. Las empresas del sector tampoco podrán aumentar las tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, decisión que ya no será exclusiva de las compañías.

El texto del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el «carácter de servicio público en competencia» para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones «para y entre» sus licenciatarios. Además determina que la autoridad de aplicación, es decir el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), «garantizará su efectiva disponibilidad».

Establece que los precios de estos servicios públicos «esenciales y estratégicos» y «los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados» por el ENACOM. El texto determinó que el organismo establecerá en la reglamentación «la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad».

Dudas e incertidumbre en la industria de las telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones criticaron la medida del Presidente. En diálogo con Clarín, el directivo de un prestador de servicios de Internet consideró que «al desvincular los precios de los costos se desfinancia al prestador, que no puede cumplir con adecuados niveles de servicio y se ve forzado a desinvertir». El ejecutivo dijo que esto «terminará afectando al usuario, ya que se abren las puertas a ineficiencias en la prestación de los servicios», señaló a Clarín.

Semanas atrás las empresas de comunicaciones Telecom, Movistar y Claro anunciaron a sus clientes aumentos en las prestaciones de telefonía prepaga, pospago, Internet, cable y teléfono fijo después de meses de congelamiento. Pero es factible que estos aumentos, de entre el 6 y el 15%, no se apliquen y queden frenados hasta el 31 de diciembre.

Para muchos expertos de estas industrias las medidas van a contramano de lo que pasa en el resto del mundo, donde los gobiernos fomentan la competencia entre múltiples prestadores nacionales e internacionales, de diversos tamaños, y donde también participan pymes y cooperativas.

El DNU que declaró «servicios esenciales» a las telecomunicaciones

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