La histórica guerra de las ideas entre economistas y por qué te afecta quién la va ganando

  • Jesús Moreno
  • BBC News Mundo

Boxeadores econonomistas

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Los economistas influyen en los gobiernos, pero para lograrlo las distintas corrientes de pensamiento disputan el convertirse en mayoritarias, en el «sentido común».

Si el teórico militar Carl von Clausewitz hubiera visto discutir a dos economistas, quizá hubiera pensado que es la economía y no la política lo que es la guerra por otros medios. Que la disciplina es a las ciencias sociales lo que el boxeo al deporte.

El cliché dice que aquí no chocan cuerpos musculosos como en los deportes de contacto, pero la vehemencia con la que se debate sobre sus distintos postulados puede ser tan contundente como un gancho de izquierdas, que dirían unos.

O de derechas, harían notar los otros.

Preguntado por ello el premio Nobel Milton Friedman en una tertulia televisiva en 1978, aseguró que no era cierta tal discrepancia entre economistas, que como académicos estaban de acuerdo en lo fundamental y las diferencias, en realidad, estaban muy restringidas.

«No estoy de acuerdo», dijo otro economista sentado a su lado. Y se enzarzaron, sin remedio, en una larga discusión.

No parece un lugar para empates esta arena y quizá el apasionamiento académico provenga de sus repercusiones sobre el mundo real: la influencia que ejercen las ideas económicas dominantes sobre los gobiernos y sus políticas.

Las ideas de los economistas «tanto si son acertadas como si son erróneas, son más poderosas de lo que [el hombre común] puede imaginarse. De hecho, poco más gobierna el mundo», dijo precisamente John Maynard Keynes, uno de sus pensadores más influyentes.

Pero antes de gobernarlo, tienen que disputárselo. Librar un combate entre ellas para convertirse en la narrativa dominante, aquello que en algún momento se considerará «el sentido común».

Paradójicamente, el consenso económico no se alcanza por consenso, sino por asalto. Y esa es siempre una victoria que parece llevar dentro la semilla de su propia decadencia.

O así, al menos, lo muestra una reciente investigación de Reda Cherif, Marc Engher y Fuad Hasanov para el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que han analizado las ideas que han predominado en cada momento en las recomendaciones de los académicos a gobiernos de todo el mundo en casi 5.000 investigaciones que viajan desde 1975 hasta la actualidad.

Como si fueran arqueólogos, los investigadores fueron desenterrando y removiendo el polvo de esos viejos documentos para clasificar qué ideas se imponían en cada década y cómo cambiaban las recomendaciones de los expertos.

Fueron testigos de cómo cada idea dominante generaba desequilibrios que daban paso a otras ideas que los corrigieran.

Lo que sigue es la historia del auge y caída de las narrativas económicas de nuestro tiempo, una contienda interminable en la que una nueva corriente se postula en la carrera para modelar el mundo de la pospandemia, advierten los expertos.

Son los defensores de la política industrial.

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¿Por qué te afecta lo que discutan los economistas? Porque «poco más gobierna el mundo», advirtió John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes de la historia.

Agua dulce, agua salada

La batalla entre las distintas corrientes económicas es anciana casi como la disciplina. Puesta a dormir por la historia la madre de todas las diferencias (capitalismo frente a comunismo) tras la caída de la Unión Soviética, los economistas se disputan el paradigma de gobernar las economías de mercado.

Hace más de una década, el Nobel de Economía Paul Krugman los dividió entre economistas «de agua dulce» (liberales, neoclásicos, ortodoxos y, en general, más cercanos a filosofías de derechas) y de «agua salada» (keynesianos, socialdemócratas, progresistas… más hacia la izquierda).

Las etiquetas hacen referencia a las universidades estadounidenses y su ubicación, que casualmente coincidían con unas u otras ideas si estaban situadas en la costa o en el interior del país, pero son un buen resumen, llevado a su mínima expresión, de la discrepancia entre las corrientes económicas.

Están aquellos que apuestan por una mayor intervención del Estado en la economía para regular los fallos del mercado y quienes desean que el poder público interfiera lo menos posible para no romper lo que consideran que es el equilibrio natural del mismo.

Y por el medio, ya saben: gráficos incomprensibles para los mortales, apuestas por subir los impuestos o bajarlos; recetas para el desempleo o el déficit; grado de regulación, de inflación y todo tipo de matemáticas puntiagudas que van dejando vencedores y caídos en el tiempo.

El viaje de Cherif, Engher y Hasanov comienza precisamente con la caída de un imperio de la ideología económica: el keynesianismo.

Y con su derrota, la llegada de una tendencia que tuvo un gran impacto en Latinoamérica: las políticas del Consenso de Washington.

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Las políticas del Consenso de Washington fueron efectivas para controlar los desequilibrios macroeconómicos, pero aumentaron la pobreza y la desigualdad en América Latina, según algunos expertos.

El Consenso de Washington y Latinoamérica

Las décadas que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial supusieron el gran «triunfo del keynesianismo», escribe el catedrático Francisco Comín en su monumental «Historia económica mundial».

«Se intensificó el papel de los gobiernos para corregir los fallos del mercado, con la consiguiente consolidación del Estado del Bienestar», cuenta.

«Junto al Estado fiscal surgió el Estado empresario», en forma de nacionalizaciones y empresas públicas en todos los sectores económicos (infraestructura, industria básica, minería, banca). Se incrementaron los impuestos y el gasto público subió un 40% en países como Reino Unido.

El objetivo no era un déficit o una deuda bajos, sino «el pleno empleo», analiza Comín.

Pero a finales de la década de los 70 algo cambió. Las palabras «privatización» y «liberalización» comenzaron a aparecer en los estudios y recomendaciones de los economistas, apunta la investigación del FMI.

Como el inicio de una tormenta: a cuenta gotas primero; torrencialmente después.

Este conjunto de recomendaciones apostaba por reducir al mínimo el peso del Estado y se englobaron bajo el paraguas de lo que se llamó el «Consenso de Washington».

«La crisis de los 70 es fundamental para entender este cambio de narrativa», le explica a BBC Mundo Roy W. Cobby, profesor asistente del King’s College de Londres y especialista en economía política e industrial. «Define todo lo que va a venir después».

Tras 30 años de prosperidad impulsada desde el Estado, la radiografía mundial muestra ahora a un paciente enfermo: «Se produce un descenso dramático del crecimiento en muchos países occidentales, hay un aumento de la inflación, a EEUU le cuesta sostener sus cuentas públicas y muestra un déficit elevado… Llega una crisis por agotamiento», relata.

Y es ahí cuando aparece un nuevo grupo de economistas que estaban en la marginalidad académica.

«Los mejor preparados para asumir ese desafío en aquel momento eran los monetaristas, que se reunían en torno a la figura de Milton Friedman», explica Cobby.

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Friedrich Hayek y Milton Friedman son dos de los economistas más influyentes para las corrientes de pensamiento neoliberales, de «agua dulce».

«Llevaban tiempo trabajando con políticos rupturistas en aquel momento, como Margaret Thatcher y Ronald Reagan […]. Pensaban que un mercado tan intervenido (sin banco central independiente, con gran prominencia de empresas públicas y sindicatos) veía distorsionada su capacidad para asignar los precios en la economía», cuenta.

Y aprovecharon su oportunidad. «Esta narrativa fue marginal hasta mediados de la década de 1980, pero posteriormente se alzó [en una gran cantidad de estudios], alcanzando su punto máximo en la década de 1990, cuando se produce la transición de muchas economías socialistas», narra la investigación del FMI.

Así, sus políticas se trasladaron no solo a los países ricos, sino a organismos internacionales como el propio FMI y el Banco Mundial, que aplicaron sus recetas a los países en desarrollo.

Y un ejemplo paradigmático de ellas es América Latina.

Estamos en el año 1974. Latinoamérica se halla en una etapa económica y política turbulenta.

Durante una década su crecimiento económico iba a ser anémico, por debajo del 1%, y una concatenación de factores haría que sus economías se deslizaran por una «peligrosa pendiente», escribe Comín.

El boom de los precios del petróleo hizo que los países productores (México, Ecuador, Perú y Venezuela) se endeudaran con el exterior confiando en ese maná; mientras otros, como Brasil, se endeudaban también con la esperanza de que las bajas tasas de interés durarían en el tiempo.

Al mismo tiempo, la inflación corría como un caballo pura sangre y «los subsidios del gobierno y el proteccionismo» estancaban la productividad.

Cuando este precario equilibrio se rompió, la región cayó de lleno en lo que más tarde se llamaría «la década pérdida», cuenta Comín.

«Un país tras otro salió diciendo: espérenme, no puedo pagar», le explica a BBC Mundo Víctor Mauricio Castañeda, investigador y profesor de economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Y como solución, se comenzaron a implantar las políticas del Consenso de Washington.

«El nombre puede sugerir que llegaron unilateralmente de EE.UU, pero ya había gobiernos latinoamericanos trabajando en esa línea», cuenta Castañeda.

«Los objetivos de estas políticas eran promover el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, reducir el déficit fiscal y conjurar la crisis de la deuda externa a la vez que esperaban reducir la pobreza».

¿Y en qué consistían estas recetas?

Como si de mandamientos bíblicos se tratasen, el profesor las resume en 10 puntos:

  • disciplina fiscal y reordenación del gasto público
  • reforma tributaria para bajar los impuestos a la renta (aunque se subieron los indirectos)
  • liberalización de las tasas de interés y búsqueda de tasas de cambio competitivas
  • liberalización comercial y de la inversión extranjera
  • privatización, desregulación y propiedad privada por encima de todo

Es decir, agua dulce. Y metida a presión.

Pero, ¿tuvieron éxito?

«Con la perspectiva que da el tiempo, se puede decir que tuvieron éxito en algunos ámbitos del ámbito macroeconómico. Se logró controlar la inflación y reducir el déficit público, eso es cierto, pero generaron un conjunto de efectos negativos en lo social: el crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Y con ellos, la llegada de un gran malestar social», explica Castañeda.

«La región comenzó a preguntarse: ¿todo esto para qué? Si somos más pobres», zanja.

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Hay economistas que apuestan por una mayor intervención del Estado en la economía y otros que prefieren que interfiera lo menos posible.

La larga derrota del agua salada

La narrativa del Consenso de Washington comenzó a desvanecerse en 1997, según el análisis de Cherif y compañía para el FMI. La llamada a las «privatizaciones» desapareció del vocabulario de los expertos, «cayendo precipitadamente» para el año 2000.

¿Significaba esto el fin de la hegemonía del «agua dulce»? No tan deprisa.

Lo que realmente sucedió es que parte de su modelo se camufló en otra narrativa. «Este patrón [de descenso abrupto del término en los estudios] podría sugerir que el concepto de privatización puede haberse integrado en otros conceptos», asegura el informe del FMI.

Así, sin la pureza inicial, se añadieron nuevos matices al discurso. En su lugar, comenzaron a usarse recomendaciones que hablaban de «competitividad» y conceptos que se englobaban en ese magma entendido como las «reformas estructurales», advierte el estudio.

¿Y qué son? Fundamentalmente, «eliminar obstáculos a la eficiencia de la producción de bienes y servicios», como las define el Banco Central Europeo, que cita la flexibilidad de los mercados de trabajo o la simplificación de los impuestos y trámites administrativos como forma de conseguirlo.

Y añade: «Teniendo en cuenta asimismo factores como la equidad y la inclusión social».

«En este periodo surge lo que algunos autores llaman el arte del mantenimiento del paradigma», explica Roy Cobby, del King’s College.

«Cuando estas reformas no dan los resultados esperados, se comienzan a incluir correcciones referidas a la pobreza, la desigualdad, menciones al medioambiente incluso, pero siempre desde un apriorismo: el prejuicio contra la intervención estatal. Se circunscribe a corregir los pocos -según ellos- fallos del mercado», relata el experto.

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La caída del gigante financiero Lehman Brothers fue el pistoletazo de salida a la Gran Recesión de 2008 y puso en cuestión las teorías económicas dominantes durante décadas.

El edificio intelectual neoliberal se derrumba

En pleno auge de la globalización y el mundo de las finanzas, el largo reinado de los «dulces» iba camino de las tres décadas. Y creían tenerlo todo razonablemente controlado.

«El problema central de la prevención de la depresión [económica] está resuelto», afirmaba satisfecho Robert Lucas, premio nobel de la Universidad de Chicago, en su discurso inaugural como presidente de la American Economic Association en 2003.

No quedaba más que dispersarse, pues no había nada más que ver allí. Fin de la historia.

Pero solo cinco años más tarde, la caída del gigante financiero Lehman Brothers pondría en cuestión esa afirmación desatando una reacción en cadena que acabó en el mayor derrumbe económico en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial.

La fe en la ortodoxia liberal comenzó a desmoronarse. Alan Greenspan, uno de sus gurús (se le apodaba entonces «El maestro») y presidente de la Reserva Federal durante casi dos décadas, aseguraba sentirse «conmocionado» porque todo su «edificio intelectual se había hundido».

Esta crisis afectó especialmente a Europa, empecinada la UE en aplicar inflexiblemente la receta de la austeridad y las reformas estructurales a cambio de rescates que generaron un gran sufrimiento y contestación social en los países del sur del bloque.

Y algunas publicaciones del FMI cuestionaron la sumisión a las recetas del «neoliberalismo»: «En lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo en peligro» el desarrollo económico, decía un informe en 2016.

La crisis de 2008 y los años posteriores a esta provocan «una ruptura estructural» de este consenso dominante entre los analistas, explica Cherif en su trabajo para el FMI.

Se produce entonces, a partir de 2010, una proliferación de «múltiples narrativas» que define como «constelación de conceptos» donde ya no predomina un mensaje único.

Nos hallábamos, pues, ante un vacío de poder intelectual. Y mientras sucedía aquello de que lo viejo no acababa de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, apareció en escena el economista francés Thomas Piketty.

Antes que él, economistas de prestigio como Joseph Stiglitz o Paul Krugman, entre otros, habían tratado de mantener a flote la narrativa keynesiana, pero la publicación de su libro «El capital en el siglo XXI» impactó por igual a una gran cantidad de académicos y al público.

Como si de una novela de aventuras se tratase y no de un sesudo tratado económico de 700 páginas, vendió más de 2,5 millones de ejemplares y puso en el centro de la diana el tema de la desigualdad y la intervención del Estado.

«Piketty ha transformado nuestro discurso económico. Nunca hablaremos de la riqueza y la desigualdad de la misma manera que antes», dijo Krugman.

En el centro del ring había un dato que abonaba su discurso: entre 1980 y 2015, el 1% más rico del mundo recibió una proporción dos veces mayor del crecimiento económico que el 50% de la población con menores ingresos, según el Informe de desigualdad global del World Inequality Lab.

Y ya no había crecimiento, sino las secuelas de una larga crisis.

Esta subida de las mareas saladas proveniente de Francia enseguida encendió las alertas entre los marineros de agua dulce.

Si el trabajo de Piketty «no es retado, se propagará entre los intelectuales y reconfigurará el paisaje político-económico en el que se librarán todas las futuras batallas de las ideas políticas. Ya hemos visto esta película», advirtió sin disimulo en un artículo de 2014 James Pethokoukis, consejero económico del Instituto de la Empresa de Estados Unidos, al poco de publicarse el libro.

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‘El capital en el siglo XXI’ de Thomas Piketty se convirtió en un superventas en 2014 y puso en el escaparate la desigualdad y la participación del Estado en la arena económica.

La batalla, siempre la batalla.

Efectivamente, diferentes autores trataron de reaccionar y retar su trabajo, pero era tarde. La desigualdad era el tema estrella en los diarios económicos y ocupaba numerosos trabajos académicos.

Una ola de autores como Dani Rodrik, Mariana Mazzucato, Emmanuel Sáez o Gabriel Zucman comenzaron a recibir atención mediática con sus ideas para luchar contra la pobreza y la desigualdad, la apuesta por la regulación de los mercados, la participación del Estado en la economía o las subidas de impuestos y la lucha contra la evasión.

Incluso la economista Esther Duflo, quien fuera asesora del expresidente de EE.UU. Barack Obama, ganó el Nobel de Economía junto a otros autores por «su enfoque experimental para aliviar la pobreza global».

«Los investigadores progresistas aprenden la lección que dejó Friedman en los 70 y 80 «, explica Roy Cobby a BBC Mundo.

«Aprenden a construir redes, a no trabajar en solitario, surgen centros e iniciativas para trabajar en investigaciones que sirvan a la política».

«Y retan» -apunta- al consenso económico que «había alcanzado a partidos progresistas y liberales».

Ese era el ambiente de contestación a finales de diciembre de 2019, cuando comienzan a llegar noticias de algún caso aislado de un extraño virus en Wuhan (China central). Tres meses después, una pandemia global asola el mundo y provoca la segunda crisis histórica en una década.

Es hora de recomponer el mundo y los gobiernos necesitan consejo para un escenario desconocido e imprevisto. Y en este punto entra en el juego la vuelta de la política industrial en la agenda académica y política.

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«Es aún incipiente», afirman, «pero el debate en torno a la política industrial ha vuelto a resurgir» según los expertos, incluso entre políticos e instituciones que antes eran reacios a esta estrategia.

¿Vuelve la política industrial?

Cuando los investigadores del FMI revisaron los documentos académicos más recientes, encontraron algo inesperado.

Era una presencia nueva; antigua, en realidad. Una idea que se tenía por extinguida desde miles de páginas atrás. Como si en una excavación comenzara a respirar un dinosaurio.

Aquí y allá comenzaban a repetirse dos palabras juntas: política industrial.

«Es aún incipiente», afirman, «pero el debate en torno a la política industrial ha vuelto a resurgir» en la academia.

Una auténtica rareza: «La política industrial gozaba de mala reputación entre los responsables políticos y los académicos, y a menudo se considera el camino de la perdición para las economías en desarrollo», cuentan Cherif y Hasanov en sus análisis para el FMI que, sin embargo, la consideran una propuesta que puede ser valiosa en estos momentos.

Una buena muestra de esa fama es esta sentencia: «La mejor política industrial es la que no existe», dijo en los 90 Carlos Solchaga, un ministro de Industria español que pertenecía a la familia socialdemócrata.

Cuando tu adversario ideológico hace suyas tus ideas, puede ser una señal de que se están convirtiendo en el nuevo consenso.

Pero, como alertan los investigadores, algo está cambiando y dicha frase ya ha encontrado su camino de vuelta en labios de Emmanuel Macron, cuyo partido se inscribe entre los liberales europeos, en teoría poco proclives a inmiscuirse con el intervencionismo estatal.

«Hay bienes y servicios que deben estar más allá de las leyes del mercado (…). Debemos retomar el control, construir una Francia y una Europa soberanas», proclamó en un discurso el presidente francés tras estallar la crisis del coronavirus.

«Francia debe recuperar la independencia tecnológica, industrial y sanitaria», exhortó tras anunciar un plan de estímulo de 100.000 millones de euros, de los cuales dedicaría 15.000 millones para «la innovación y la relocalización industrial».

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«Hay bienes y servicios que deben estar más allá de las leyes del mercado», dijo el presidente francés Emmanuel Macron tras el estallido de la crisis de la covid-19.

«Debemos reducir nuestra dependencia de grandes potencias como China», apuntó también su ministro de Finanzas.

Su viaje ha sido rápido: solo tres años antes, en una visita a una gran fábrica en Amiens (norte de Francia) cuyos obreros estaban en huelga porque iba ser trasladada a Polonia, el mandatario francés cogió un micrófono y aleccionó a los trabajadores: «la respuesta a lo que os ocurre no es suprimir la globalización ni cerrar las fronteras. Los que os dicen eso os mienten».

No es el único mandatario que vira hacia estas posiciones.

La Unión Europea ha manifestado su intención de «aumentar su autonomía y resiliencia» industrial, incluso creando «un marco de ayudas estatales que propicien la innovación».

La Cepal ha recalcado la «importancia de la política industrial para reconstruir» América Latina tras la pandemia de la covid-19.

Y el nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, ha firmado un decreto para impulsar la industria nacional estadounidense.

¿Qué ha pasado? ¿Es la pandemia el único motivo en este revival?

«No, China es el gran elefante en la habitación», contesta Cobby.

«Desde la primera década del año 2000, China presenta un contraejemplo para el mundo: muestra unas cifras de crecimiento económico formidables y entra en mercados en los que Occidente no la esperaba. Pensaban que eternamente se circunscribiría a productos de bajo valor añadido, pero empieza a desarrollar tecnología y empresas nativas punteras gracias al apoyo público», analiza.

«Parece que con ese empleo del Estado de una forma más o menos agresiva, un país con niveles de pobreza extrema muy altos, consigue elevar el estatus de muchos de sus ciudadanos y, ¡no solo eso!, comienza a comprar empresas occidentales».

En su opinión esto ejerce una influencia en Occidente, que «además vive una inestabilidad política (Brexit y Trump, por ejemplo), que muchos relacionan con la retirada del Estado a la hora de proporcionar bienestar y desarrollo económico».

¿Cómo sería esta vuelta de la política industrial?

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El modelo económico de China, en la que el Estado interviene en la política industrial, hace plantearse a los países occidentales si se pueden extraer lecciones de esa estrategia.

«Hay que entenderla de forma amplia», explica Cobby.

«No tiene porque ser solo al modo chino, tampoco se trata de nacionalizar por decreto ni centralizar la inversión o mantener sectores ineficientes, sino de pensar dónde puede ser más útil esa intervención estatal».

Y pone el ejemplo de la llegada del hombre a la Luna, donde el Estado puso a trabajar a multitud de sectores públicos y privados, que «implicaban elementos de computación, defensa, universidades, centros de investigación y otros que fueron alineados para conseguir un objetivo».

«A día de hoy los Estados pueden actuar de coordinadores para otros objetivos distintos, como la transición climática o el desarrollo tecnológico», precisa.

Y para ello las estrategias que menciona son variadas: se pueden crear empresas públicas, brindar apoyo al sector privado con recursos que no pueda obtener o incluso fomentar valores de sostenibilidad pidiéndolos como requisitos para poder contratar con la administración pública, entre otros.

Las opciones parecen diversas pero, sea como sea, antes de que estas u otras ideas se pongan en marcha en el mundo que deje la pandemia, habrá de librarse una batalla dialéctica previa.

Una en la que los economistas, una vez más, desenfundaran sus ecuaciones.

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