La Cámara Federal dispuso que una causa por presunto espionaje ilegal contra Cristina Kirchner pase a Comodoro Py

La Cámara Federal porteña resolvió este viernes que una causa por presunto espionaje ilegal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner pase a los tribunales de Comodoro Py y ya no se investiga en la justicia de Lomas de Zamora.

El juez federal Mariano Llorens argumentó que el supuesto seguimiento a la Vicepresidenta se produjo en la Ciudad: tanto en el Instituto Patria como en su departamento de Recoleta.

La decisión abarco solo el expediente en el que están procesados los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por haber supuestamente ordenado esas tareas de inteligencia sobre la figura de Cristina Kirchner. La resolución no afecta la causa paralela en la que se investiga el espionaje sobre más de 20 políticos, periodistas y sindicalistas. Ambas las lleva adelante el juez Juan Pablo Augé.

La incompetencia del caso fue presentada por Arribas, y ahora la jueza porteña María Eugenia Capuchetti debería pedirle el caso a su colega Augé.

Si el magistrado rechaza esta posibilidad, o lo hace la propia Cristina Kirchner o la fiscalía, el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal.

Para los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, «los extitulares de la AFI violaron la ley de inteligencia al ordenar y llevar adelante tareas de espionaje ilegal. También cometieron el delito de falsedad ideológica cuando intentaron ocultar las maniobras a través de la producción de documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a su accionar».

Arribas y Majdalani, procesados en el expediente. Créditos: Télam.
Arribas y Majdalani, procesados en el expediente. Créditos: Télam.

La investigación apunta a que el exespía Alan Ruiz -procesado en la causa- ordenó al grupo de agentes que operaba en la «calle» vigilar e informar si en ambos domicilios ingresaban o salían «bolsos».

No obstante, fuentes judiciales añadieron a Télam que «la directiva principal habría llegado directamente de Silvia Majdalani». Al procesar a Ruiz, el juez Auge sostuvo que las tareas de espionaje ilegal que coordinaba «consistían en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y/o cultural».

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