Excarcelan a abogada cuya detención grabada en video desató críticas en Venezuela

Autoridades venezolanas excarcelaron este jueves a una abogada cuyo violento arresto por una militar, grabado en un video que se viralizó en redes sociales, desató críticas de activistas de derechos humanos y dirigentes opositores, informó una ONG.

La abogada Eva Leal, quien permanecía detenida desde el martes en un cuartel militar en Barquisimeto (estado Lara, oeste), «ha sido puesta en libertad con medida de presentación cada vez que el tribunal lo requiera», dijo la ONG defensora de derechos humanos Provea en Twitter. Fue presentada ante una corte castrense.

El martes llovieron cuestionamientos luego de que se viralizara un video en el que se observa a una uniformada de la Guardia Nacional ejecutar una maniobra para inmovilizar a la abogada, empujándole con fuerza la cabeza contra el suelo mientras le pone las esposas.

«¡La están matando!», se escucha gritar a testigos.

Circuló después una foto de Leal parada, esposada, con una camiseta ensangrentada y una herida que le cruza la frente.

«Nunca debió ser detenida ni golpeada, su agresora debe ser juzgada por las lesiones ocasionadas», expresó Provea.

Leal debió recibir cinco puntos de sutura en la frente, denunció el abogado de derechos humanos Henderson Maldonado.

Las autoridades no han informado del suceso.

Familiares, según la prensa local, denuncian que Leal se negó a pagar dinero que supuestamente pedían militares para dejarle pasar en su vehículo por un puente, en medio de la cuarentena vigente por el nuevo coronavirus. Se dirigía, de acuerdo con esas versiones, de su trabajo a su casa.

Dirigentes opositores responsabilizaron al gobierno del socialista Nicolás Maduro, mientras que Amnistía Internacional condenó «la brutalidad» de los cuerpos de seguridad en Venezuela.

La ONG de derechos humanos Foro Penal, crítica de Maduro, ha denunciado decenas de «detenciones arbitrarias» durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, que deja 4.366 contagios y 38 muertes en el país según cifras oficiales, cuestionadas por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch.

atm/erc/lda

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