Coronavirus en Perú: el tenso acuerdo entre las clínicas privadas y el gobierno sobre el precio por atender a pacientes de covid-19

Martín VizcarraDerechos de autor de la imagen AFP
Image caption Martín Vizcarra amenazó con invocar el artículo 70 de la Constitución si las clínicas no se ponían de acuerdo con el gobierno sobre sus tarifas para el covid-19.

Muchos peruanos llevaban semanas denunciando las elevadas tarifas que las clínicas privadas de su país han venido cobrando por atender a los pacientes de covid-19.

Y por ello, este miércoles, el presidente Martín Vizcarra les dio a las clínicas un ultimátum público para que aceptaran o negociaran tarifas razonables que el Estado pudiera pagarles por sus servicios durante la pandemia.

De lo contrario, dijo que invocaría un artículo de la Constitución que justifica la expropiación a los privados en casos de «seguridad nacional o necesidad pública».

Horas después de este ultimátum, las clínicas finalmente alcanzaron un acuerdo con el gobierno sobre los precios que le cobrarán (y que serán cubiertos por el estado) a la gente a la que el sistema público ya no alcance a atender.

Hasta este jueves, Perú era el sexto país con más casos de covid-19 en el mundo, según la Universidad Johns Hokins, aunque la curva de contagios está bajando en siete de sus regiones.

En este contexto, la amenaza de Vizcarra generó un amplio debate en el país, sobre si es viable aplicar la norma que citó o no.

¿Qué pasó?

A lo largo de la pandemia, numerosos hospitales públicos de Perú reportaron falta de camas y de equipos médicos para satisfacer toda la demanda de pacientes de covid-19.

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Image caption Los hospitales públicos reportan falta de camas para atender a pacientes de covid-19 (foto de policías durante una protesta de médicos por la escasez de recursos para enfrentar la pandemia).

Este miércoles, médicos anónimos del hospital Edgardo Rebagliati, uno de los más grandes de Lima, dijeron al diario «El Comercio» que ya no tenían camas de cuidados intensivos.

Ante la falta de capacidad, casi desde el inicio de la emergencia en Perú el gobierno trató de negociar con las clínicas privadas las tarifas que les pagaría por la atención de la gente a la que el sistema público ya no podía recibir.

Pero hasta ahora no se habían puesto de acuerdo.

«Se ha hecho la oferta, la contraoferta, y estamos en este plan ya demasiado tiempo, estamos en esta situación ya llegando al límite y nos enteramos de que las personas que se fueron al sistema privado les han cobrado tarifas extremedamente altas», dijo Vizcarra este miércoles en su conferencia.

«La tarifa propuesta por el gobierno, que es una tarifa razonable, no satisface a las clínicas privadas», agregó.

A continuación, el mandatario anunció que les daba un plazo de 48 horas a las clínicas para que negociaran con el Estado unas tarifas «razonables» para atender a los pacientes de covid-19.

De lo contrario, dio a entender que las expropiaría, al decir que aplicaría el artículo 70 de la Constitución peruana, «pensando en la salud y en la vida».

Este artículo dice que «a nadie se le puede privar de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública».

«Si ahora, si hoy, en la crisis más grave de la historia no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿cuando lo estaríamos?», dijo Vizcarra al anunciar el ultimátum.

«Vamos creciendo en la oferta [hospitalaria] pública, pero si nos rebasa, tenemos que usar la oferta privada a precios razonables», añadió.

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Image caption Los pacientes de covid-19 en Perú también han sufrido por la escasez de oxígeno medicinal.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, que estaba en la conferencia con Vizcarra, también se dirigió a las clínicas:

«La población espera de ustedes más solidaridad. Dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia. Es el momento de la vida», dijo.

Ante el anuncio, el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), Carlos Joo, dijo al canal peruano ATV que «si va a haber imposición, no tiene sentido ninguna negociación» y aseguró que ya previamente habían «reducido al 50% nuestra propuesta inicial de tarifas».

Agregó que la ACP había seguido dialogando pese a que el Estado tiene deudas pendientes con la clínicas y que no habían puesto el tema como «condición para negociar».

Sin embargo, horas después, ya casi al final del miércoles, el gobierno anunció que se habían puesto de acuerdo.

¿En qué consiste el acuerdo?

El Ministerio de Salud explicó que el convenio «permitirá que las personas afectadas con covid-19 que requieran atención hospitalaria especializada puedan ser referidas desde los hospitales públicos hacia las clínicas privadas».

El gobierno pagará los gastos de atención en los que incurran las clínicas. Pero el acuerdo establece previamente el monto que se les pagará.

Las clínicas cobrarán una tarifa plana de 55.000 soles (cerca de US$15.600) por la atención de cada paciente de covid-19, sin importar el tiempo que esté internado, ya sea un día o dos o más de 30, según detalló el psiquiatra Máx Hernández, que actuó como mediador en las conversaciones.

El ministro de Salud, Zamora, se refirió a las deudas contraídas por pacientes de covid-19 previas a este acuerdo.

«Para honrar las deudas previas al acuerdo vamos a ver cuántas son, de qué se tratan esas deudas y cómo las podemos pagar de acuerdo a ley», dijo la madrugada del jueves.

Hasta el cierre de la nota, la ACP no había vuelto a pronunciarse sobre el tema.

«Medida radical y extrema»

Horas antes del acuerdo, la magistrada del Tribunal Constitucional de Perú Marianella Ledesma le dijo a la cadena peruana Canal N que veía «complicado» aplicar «una expropiación en los términos del artículo 70 de la Constitución».

Ledesma dijo que sería «un camino largo» y que se requeriría la aprobación del Congreso, mediante la promulgación de una ley para la expropiación de un bien específico, y el pago de un justiprecio.

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Image caption Hasta este jueves, más de 8.500 personas habían muerto por covid-19 en Perú, según cifras oficiales.

La politóloga María Alejandra Campos se preguntó en una columna en «El Comercio» publicada este jueves «¿por qué el gobierno pasaría por el trámite de comprar las clínicas si las va a devolver en unos meses?».

«¿Cuánta plata, tiempo y gente se tendría que dedicar para que el Estado pueda estar en control de estas instalaciones?», añadió, y dijo que parecía «más un bluf que una amenaza real».

«Sin embargo, esto no hace menos grave que el presidente recurra con tanta ligereza a un recurso extraordinario como es el artículo 70», escribió.

Pero el constitucionalista peruano Carlos Caro dijo el miércoles al diario «La República» que, de no llegar a un acuerdo, no necesariamente se hubiera tenido que llegar a la expropiación y que el artículo 70 podía «aplicarse solo a «medidas temporales», como «una intervención a la sala de emergencia», mientras dura la pandemia.

«Acá hay una causa justificada que puede tomar el Ejecutivo para una medida excepcional. Estamos en una situación crítica de emergencia en el sistema sanitario. El presidente tiene la potestad de tomar una medida radical y extrema pero siempre ajustado al principio de proporcionalidad», dijo Caro.

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