Colombia pasa al tablero y reprueba por violaciones de Derechos Humanos

Manifestantes se enfrentan hoy con la Policía frente a un Comando de Acción Inmediata (CAI), durante una protesta por la muerte del abogado Javier Ordóñez, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Manifestantes se enfrentan hoy con la Policía frente a un Comando de Acción Inmediata (CAI), durante una protesta por la muerte del abogado Javier Ordóñez, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 9 sep (EFE).- Por las recientes masacres, el asesinato de líderes sociales y de desmovilizados, 500 organizaciones expresaron este miércoles su preocupación por la situación de violencia en Colombia al celebrar el Día Nacional de los Derechos Humanos.
La conmemoración de la fecha fue oscurecida por un caso de brutalidad policial que esta madrugada le costó la vida en Bogotá a Javier Ordóñez Bermúdez, un hombre de 46 años que fue sometido con extrema violencia y el uso repetido de una pistola eléctrica Táser por parte de dos agentes.
«Ha sido un año de retrocesos en derechos humanos, en aumento de la violencia, de una peligrosa concentración del poder y de ataques a la independencia de la justicia», señala el informe «El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia», publicado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
El documento recoge los balances de 500 organizaciones que señalan que en el segundo año del presidente Iván Duque, cuyo Gobierno comenzó el 7 de agosto de 2018, «es notable la expansión de grupos armados postdesmovilización, en especial en las zonas donde ya no hacen presencia la antigua guerrilla de las FARC».
MASACRES EN AUMENTO
El país vive momentos de estupor e indignación por el río de sangre que dejan al menos 218 muertos en 55 masacres perpetradas durante lo corrido de 2020, según cifras del Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Entre las víctimas de las matanzas de las últimas semanas hay menores de edad, jóvenes universitarios, indígenas y ciudadanos venezolanos, y aunque el Gobierno ha capturado a 16 personas por los recientes crímenes, la mayoría de los casos sigue en la impunidad.
Por eso, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, hizo este miércoles un llamado al país para unirse «contra los violentos».
«Ni una masacre más, ni un muerto más, estos grupos que se ensañan contra los colombianos para proteger un negocio ilícito como es el del narcotráfico y el de la minería de extracción ilícita deben cesar en su accionar», dijo.
ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES
El 2019 fue uno de los años más violentos contra los defensores de derechos humanos en Colombia. Según el Programa Somos Defensores, en ese periodo se registraron 844 agresiones individuales, entre ellas 124 homicidios.
Pese a las advertencias de organizaciones internacionales sobre el aumento de la violencia, las agresiones contra los líderes sociales continúan en 2020 con el agravante que ha supuesto para ellos el aislamiento por la pandemia del coronavirus.
Somos Defensores y otras organizaciones no gubernamentales han denunciado que durante la emergencia sanitaria, que comenzó en marzo, los activistas se convirtieron en blancos más fáciles para los grupos armados que se imponen en los territorios.
Según Indepaz, 205 activistas han sido asesinados desde el 1 de enero de este año, y aunque esta cifra varía dependiendo de los criterios de quien documenta los crímenes, coinciden en que la espiral de violencia se mantiene ante la desidia de las autoridades.
CRÍTICAS AL GOBIERNO
El Gobierno nacional apunta como responsables de los recientes asesinatos a grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otras bandas criminales que se disputan el control de economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Aunque las organizaciones civiles coinciden con esa explicación, también cuestionan a la actual administración por atribuir solamente al narcotráfico el recrudecimiento de la violencia cuando en las regiones más afectadas por los enfrentamientos de dichos grupos la ausencia del Estado es total.
«Todo ciudadano tiene el derecho de defender los derechos humanos y hoy invito a la sociedad colombiana a que acuda a su derecho para que este tipo de agresiones no se sigan presentando en el país, este tipo de agresiones deben ser rechazadas de manera contundente y categóricamente, vengan de donde vengan», dijo a Efe el líder social Leyner Palacios.
RESPUESTA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
En sus últimas declaraciones el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha atribuido a los grupos armados ilegales la ola de violencia y defendido el regreso de la aspersión aérea de cultivos ilícitos.
«La violencia y el crimen que se presenta en las zonas donde hay concentración de cultivos ilícitos se debe al tráfico criminal de la coca», manifestó el martes.
Trujillo agregó que el país debe utilizar «todas las herramientas para acabar con los cultivos ilícitos» porque «un día de demora significa más muertes, más contaminación de los ríos, más deforestación, más destrucción de la biodiversidad, más corrupción, más atentados contra los derechos humanos, más masacres y asesinatos de líderes sociales».
El funcionario hizo hincapié en que dadas las circunstancias «es indispensable reiniciar la aspersión aérea que permite erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias (…) es más segura y más económica, además de que ya se probó su eficiencia y seguridad».
En las regiones esa respuesta no es suficiente. Las comunidades reclaman al Estado inversión social y económica, así como una estrategia integral de desarrollo colectivo y más efectividad de la justicia.
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ
Otro punto en el que se sigue rajando Colombia es en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla de las FARC.
Según el informe de este miércoles, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio, han sido asesinados 25 exguerrilleros, mientras que desde el desarme van 220, y han sido perpetrados 39 atentados y 14 desapariciones forzadas de los firmantes.
El documento precisa que capítulos del acuerdo como el enfoque étnico se encuentran desfinanciados y solo se ha avanzado un 12,1 % en el cumplimiento de las metas trazadas, mientras que en el enfoque de género el progreso es del 23,65 %; y en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) es del 23,8 %.
«NADA JUSTIFICA LOS CRÍMENES»
En un acto celebrado hoy, el presidente Duque dijo que no existe ninguna causa política o ideológica que justifique una violación de los derechos humanos, al tiempo que cuestionó la impunidad, que a su juicio, genera más violencia.
«Llegó el momento de que todos digamos en nuestro país ‘ya basta, no más’. Se han cometido muchos errores en nuestra historia donde algunos han tratado de justificar acciones contra los derechos humanos por supuestas orientaciones ideológicas», dijo.
Duque reiteró que «a más coca, menos paz» y reconoció que su administración tiene «que buscar una respuesta integral frente a estos fenómenos que implique la contundencia de la seguridad y la justicia, y la prestación de los servicios sociales del Estado».

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