Alberto Fernández, tras el decreto que avanza sobre las telecomunicaciones: «No estoy en guerra con nadie»

«No estoy en guerra con nadie», aseguró el presidente Alberto Fernández al respaldar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró «servicios públicos esenciales» a la telefonía celular, a Internet y a la televisión paga y que avanza sobre las telecomunicaciones. La medida incluye el congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre próximo y la prohibición del aumento de tarifas sin previa autorización del Estado.

El Presidente consideró «absolutamente necesario» haber tomado esta decisión y aseguró que «hace años» que no está «en guerra con nadie». Explicó que dispuso esta medida defendiendo los intereses de los argentinos» y dijo que la decisión apunta a «regular un servicio que es muy importante» para la gente.

Sostuvo que «el único interés que se tocó es el de los usuarios y los consumidores, porque además de los que prestan servicios están los que consumen, que tienen tantos derechos como los que prestan servicios». Indicó que tomó la medida a partir de un diálogo con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que le informaron sobre la eventual vuelta de 6000 chicos a las aulas en plena cuarentena por coronavirus porque «la conectividad a Internet les llegaba mal».

Con críticas al macrismo, consideró que «se terminó el país de los CEOs y los gerentes que permitían que los empresarios hicieran lo que quisieran, ese país se terminó». Cuestionó a «algunos sectores de la oposición que defienden los intereses de las empresas» y dijo que «son los que piensan que la Argentina se convertirá en Venezuela». Señaló que admira a Noruega y Finlandia y que en esos países las telecomunicaciones «son servicios públicos», al hablar en una entrevista a Radio 10.

Además de declarar como «servicios públicos esenciales» a la telefonía celular y fija a los servicios de Internet y a la TV paga, el decreto dispuso el congelamiento de los precios hasta el próximo 31 de diciembre. Las empresas del sector tampoco podrán aumentar las tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, decisión que ya no será exclusiva de las compañías.

El texto del DNU 690/2020 establece cambios a la ley 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Incorpora un artículo en el que se otorga el «carácter de servicio público en competencia» para los servicios de las TIC y el acceso a las redes de telecomunicaciones «para y entre» sus licenciatarios. Además determina que la autoridad de aplicación, es decir el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) «garantizará su efectiva disponibilidad».

Establece que los precios de estos servicios públicos «esenciales y estratégicos» y «los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados» por el ENACOM. El texto determinó que el organismo establecerá en la reglamentación «la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad».

Dudas e incertidumbre en la industria de las telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones criticaron la medida del Presidente. Un especialista del sector planteó que «nadie se esperaba algo así, porque venían conversando con los funcionarios del ENACOM en términos razonables».

El directivo de un prestador de servicios de Internet consideró que «al desvincular los precios de los costos se desfinancia al prestador, que no puede cumplir con adecuados niveles de servicio y se ve forzado a desinvertir». El ejecutivo dijo que esto «terminará afectando al usuario, ya que se abren las puertas a ineficiencias en la prestación de los servicios», en diálogo con Clarín.

Semanas atrás las empresas de comunicaciones Telecom, Movistar y Claro anunciaron a sus clientes aumentos en las prestaciones de telefonía prepaga, pospago, Internet, cable y teléfono fijo después de meses de congelamiento. Pero es factible que estos aumentos, de entre el 6 y el 15%, no se apliquen y queden frenados hasta el 31 de diciembre.

Para muchos expertos de estas industrias las medidas van a contramano de lo que pasa en el resto del mundo, donde los gobiernos fomentan la competencia entre múltiples prestadores nacionales e internacionales, de diversos tamaños, y donde también participan pymes y cooperativas.

El DNU que declaró «servicios esenciales» a las telecomunicaciones

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