ADEPA advirtió que «combatir a la prensa no ayuda a mejorar la Justicia»

Hace sólo 15 días, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) sostuvo que «combatir a la prensa no ayuda a mejorar la justicia». Lo hizo al difundirse una propuesta para incluir en el proyecto de reforma judicial una cláusula con el indisimulable fin de favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. 

Ante el dictamen favorable a esa iniciativa aprobado por los senadores oficialistas, Adepa lamenta profundamente que ese cuerpo haya desoído las fundamentadas críticas y objeciones constitucionales formuladas. «Alertábamos allí sobre los riesgos de intentar imponer normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión», señaló la entidad periodística.

En el dictamen del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales que se conoció anoche, figura el artículo 72, que dice así: «Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada».

Luego se enumeran las reglas de actuación de los jueces, y dice que una de ellas, mencionada en el inciso «e», será la obligación de «comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo». En el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo al Senado no figuraba la palabra «mediáticos». Fue agregada por pedido del senador Oscar Parrilli, uno de los fieles laderos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Adepa denunció «la repudiable incorporación de la insólita figura de ‘presiones mediáticas’ en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años. Adepa ha sostenido invariablemente que a la prensa no le corresponden fueros ni tratamientos especiales. Simplemente el cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que protegen de manera estratégica la libertad de pensamiento, expresión e información y prohíben toda forma de censura previa, directa o indirecta». 

«Cualquier responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso. Por eso, la incorporación de esta figura ambigua y superflua, que sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país», añadió Adepa.

Otra consideración de la entidad mediática recordó: «Como sostuvimos el 6 de agosto, uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial. Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía».

Adepa exhorta a los senadores de la Nación a que reflexionen sobre la gravedad institucional de una medida destinada, en definitiva, al silenciamiento de la libertad de expresión. Y se compromete, entretanto, a transmitir también a los diputados, sin distinción de banderías, su preocupación por la situación que se ha abierto, incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa.

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